Cuba no ha impuesto sanción alguna contra los Estados Unidos ni contra sus ciudadanos. No es Cuba la que impide a los empresarios de ese país hacer negocios con el nuestro. No es Cuba la que persigue las transacciones financieras realizadas por los bancos norteamericanos. No es Cuba la que tiene una base militar en territorio de los Estados Unidos contra la voluntad de su pueblo, etcétera, etcétera, etcétera, para no hacer interminable la lista y por lo tanto, no es Cuba la que tiene que hacer gestos.
Breves, altas y claras, sin asomo de duda, brillan estas palabras del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba en la inauguración de la Reunión Ministerial de los No alineados el pasado miércoles 29 de abril. Un vocero se apresura a responderlas. Es presumido. Se erige –dice él- en extraño portavoz de una comunidad internacional que, según su imaginación “quiere ver algunos pasos de La Habana para evaluar la seriedad del Gobierno cubano”. Todos sabemos lo que ha dicho que quiere ver esa Comunidad, cada año, en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El Presidente Obama ha prometido optar por el futuro; ha dicho que su Administración busca un nuevo comienzo con Cuba. Ha reconocido que es un largo viaje para superar décadas de desconfianza" y que el diálogo debe ser de igual a igual mientras exista un respeto mutuo, intereses comunes y valores compartidos. Paso a paso, me pregunto si aceptaría este desafío:
El gobierno cubano, sus empresas productivas y de servicios, los cooperativistas, los agricultores pequeños y hasta los cuentapropistas, aún en las complejas y restrictivas condiciones en que funciona hoy el mercado mundial, podrían dar el paso de exhibir todo su potencial creativo y su energía liberadora “reprimida”, como se suele decir, y transformar de modo creciente las condiciones materiales de vida de nuestro pueblo, cuando puedan acceder libremente, como todos los países del mundo, al mercado, a los productos, a los servicios, a las inversiones y a la moneda estadounidense, cuando los barcos que trasladan cargas no sean penalizados por tocar puertos y aeropuertos cubanos, todo lo cual les está hoy vedado o establecido por la Ley de los Estados Unidos.
El gobierno cubano honraría –como hizo con otros propietarios- sus compromisos derivados de las reclamaciones por la nacionalización de empresas estadounidenses en los años sesentas del pasado siglo si el gobierno de los Estados Unidos permite a sus empresas cobrar dichas compensaciones, lo cual fue prohibido por orden ejecutiva del presidente John F. Kennedy. A la vez, el gobierno de Cuba ofrecerá al gobierno de los Estados Unidos la posibilidad de compensar, no al gobierno, sino al pueblo cubano, por los 93 mil millones de dólares en daños materiales causados por el bloqueo comercial, económico y financiero y, de forma particular, indemnizar a las familias de más 5 mil cubanos víctimas del terrorismo, ninguno de los cuales violó una Ley estadounidenses, ni perturbo la paz y el orden de ese gran país.
A propósito, el gobierno cubano mostraría con toda seguridad su buena voluntad reiterándole por enésima ocasión a su preocupado vecino su disposición y compromiso para colaborar en la lucha contra el terrorismo internacional en todas sus formas y manifestaciones. Con toda seguridad se solicitarían garantías para que la información que Cuba ofrezca no conlleve nuevamente a la persecución y castigo de luchadores antiterroristas y al amparo de los verdaderos terroristas, en territorio norteamericano. Cuba sabe que no es fácil: si el gobierno de Estados Unidos aceptara, tendría que resolver un conflicto de intereses interno, que es retirar a su socio cubano de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo en la que sus mafias nos han colocado. Estados Unidos recibiría beneficios adicionales por este gesto de Cuba: la comunidad internacional dejaría de verlo como un Estado delincuencial.
El gobierno cubano y sus bancos estarían en la disposición de atender –y facilitar- de una manera mejor las reclamaciones de individuos jurídicos y naturales sobre asuntos financieros si Cuba y los cubanos pudieran realizar operaciones financieras y comerciales en dólares y canjear libremente monedas, con cualquier banco del mundo, sin temor a que se bloqueen sus activos, se le niegue hacer depósitos, pagos o transferencias y si se le restituyen los fondos secuestrados en cuentas bancarias en Estados Unidos, todo lo cual se ha hecho en base a las leyes y ordenanzas de ese país.
El gobierno cubano, sus empresas nacionales y mixtas, sus instituciones de las comunicaciones, de la información y la cultura podrían ampliar el acceso a las telecomunicaciones, la información y la cultura que hoy ofrecen al pueblo cubano si se suprimen las medidas discriminatorias que se le aplican a Cuba para el acceso a los cables de banda ancha de telecomunicaciones –tanto telefónicas como de Internet-, el acceso a satélites de radio y televisión; si se permite adquirir publicaciones culturales, científicas y técnicas de indudable valor que se generan en Estados Unidos; si se restablecen los intercambios científicos y culturales entre cubanos y estadounidenses, todo lo cual está hoy cancelado y perseguido por Ley de los Estados Unidos. ¡Y sobre todo, si se suprime la usurpación del espacio radioelectrónico cubano y se cesa de agredir por radio y televisión a nuestro país! A fin de cuentas, ya Cuba hizo aquí el primer gesto: desde nuestro país no se transmiten ni se permiten programas de radio y televisión dirigidos a socavar el orden constitucional de los Estados Unidos ni a promover la subversión contra su gobierno ni la emigración ilegal e insegura de sus ciudadanos.
El gobierno cubano y sus instituciones migratorias, aduaneras y de seguridad estarían en mejores condiciones de profundizar el proceso de transformaciones que hoy se lleva a cabo en el ámbito migratorio con el fin de establecer una normalidad en ese ámbito si se deroga la Ley de Ajuste Cubano, la política de pies secos-pies mojados; si se persigue y castiga a los traficantes de personas que tienen base en la Florida; si se establece una colaboración regulada, efectiva y duradera entre el Servicio de Guardacostas y las Tropas Guardafronteras, entre las instituciones de ambos países dedicadas al combate del narcotráfico y el delito internacional, todo lo cual hoy no ha podido lograrse porque está prohibido por leyes y disposiciones ejecutivas de los Estados Unidos.
El gobierno cubano –tengo la seguridad- podría regular mejor la relación precios-demanda-oferta en el sector del turismo si este pudiera generar mayores ingresos como consecuencia de una expansión protagonizada por los viajes de ciudadanos estadounidenses y por otros que hoy no lo hacen por temor a ser multados, a ir a prisión o que se vete su ingreso a territorio norteamericano por haber viajado a Cuba, todo lo cual lo regula la Ley de los Estados Unidos que los cubanos no podemos cambiar, pero que los electores de los congresistas y senadores estadounidenses sí pueden con su voto.
El gobierno cubano, la Fiscalía de la República, los Tribunales y todos los demás órganos de justicia serían proclives a un gesto con respecto a las sanciones de los delitos contra la seguridad del Estado, mercenarismo y amenazas a la soberanía nacional. No sería la primera vez que lo han hecho, pero están atados de pies y manos por la existencia de leyes, organizaciones y fondos gubernamentales estadounidenses que autorizan el financiamiento de mercenarios y agentes para subvertir el orden constitucional cubano. Si se eliminan esas causas, habrán menos consecuencias –léase presos.
El gobierno de Cuba podrá expandir la libertad, la independencia, la libre determinación y la soberanía del pueblo de Cuba a todos los rincones de este archipiélago cuando el gobierno de los Estados Unidos acepte que su contraparte en el acuerdo espurio de 1903, que estableció la Base Naval de Guantánamo, denunció ese contrato en 1959 y, en consecuencia, retire definitivamente el bochornoso campo de concentración que allí funcionó y restituya a la Nación cubana los 116 kilómetros cuadrados, ocupados militarmente contra la voluntad del pueblo de Cuba, todo lo cual está hoy postergado por disposiciones jurídicas aprobadas en el Congreso de Estados Unidos.
Si todo esto aún no bastara, todos los ciudadanos cubanos haríamos el mayor de todos los gestos al gobierno de los Estados Unidos, a los poderes imperiales transnacionales, a neoliberales, conservadores y oligarcas de todos los continentes, a los medios de comunicación estadounidenses y a la gran prensa mundial conectada con estos: mostraríamos el goce pleno de nuestros derechos democráticos, una vez más y de forma masiva, en el plazo establecido, en elecciones libres, directas y secretas, con más de un candidato por cargo público, sin nominaciones partidistas, sino ciudadanas –tal como establece la Ley electoral cubana que aprobó el Parlamento que elegimos los cubanos.
Nosotros queremos ser más que serios, dar todos esos pasos y muchos más (ya se sabe que los cubanos somos grandes retadores) si nos lo permiten las leyes, las disposiciones y ordenes ejecutivas dictadas en los Estados Unidos de América contra nuestro país, y si sus autoridades, líderes políticos, sociales, de opinión y representantes aceptan al fin la existencia de la República de Cuba, socialista, donde la naturaleza, la historia y su pueblo la ubicaron. Así, podremos hablar de a iguales y, como dijo Raúl, discutirlo todo, todo, todo, lo nuestro, pero también lo de ellos (que no es poco).
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