El 16 de junio de 2017, el presidente de los Estados Unidos, Donald
Trump, en un discurso cargado de una retórica hostil, que rememoró los
tiempos de la confrontación abierta con nuestro país, pronunciado en un
teatro de Miami, anunció la política de su gobierno hacia Cuba que
revierte avances alcanzados en los dos últimos años, después que el 17
de diciembre de 2014 los presidentes Raúl Castro Ruz y Barack Obama
dieran a conocer la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas e
iniciar un proceso hacia la normalización de los vínculos bilaterales.
En lo que constituye un retroceso en las relaciones entre los dos
países, Trump pronunció un discurso y firmó en el propio acto una
directiva de política denominada “Memorando Presidencial de Seguridad
Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de los Estados Unidos
hacia Cuba” disponiendo la eliminación de los intercambios educacionales
“pueblo a pueblo” a título individual y una mayor fiscalización de los
viajeros estadounidenses a Cuba, así como la prohibición de las
transacciones económicas, comerciales y financieras de compañías
norteamericanas con empresas cubanas vinculadas con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias y los servicios de inteligencia y seguridad, todo ello
con el pretendido objetivo de privarnos de ingresos. El mandatario
estadounidense justificó esta política con supuestas preocupaciones
sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y la necesidad de
aplicar rigurosamente las leyes del bloqueo, condicionando su
levantamiento, así como cualquier mejoría en las relaciones bilaterales,
a que nuestro país realice cambios inherentes a su ordenamiento
constitucional.
Trump derogó asimismo la Directiva Presidencial de Política
“Normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba”,
emitida por el presidente Obama el 14 de octubre de 2016, la cual aunque
no ocultaba el carácter injerencista de la política estadounidense, ni
el objetivo de hacer avanzar sus intereses en la consecución de cambios
en el orden económico, político y social de nuestro país, había
reconocido la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Cuba
y al gobierno cubano como un interlocutor legítimo e igual, así como
los beneficios que reportaría a ambos países y pueblos una relación de
convivencia civilizada dentro de las grandes diferencias que existen
entre los dos gobiernos. También admitía que el bloqueo era una política
obsoleta y que debía ser eliminado.
Nuevamente el Gobierno de los Estados Unidos recurre a métodos
coercitivos del pasado, al adoptar medidas de recrudecimiento del
bloqueo, en vigor desde febrero de 1962, que no solo provoca daños y
privaciones al pueblo cubano y constituye un innegable obstáculo al
desarrollo de nuestra economía, sino que afecta también la soberanía y
los intereses de otros países, concitando el rechazo internacional.
Las medidas anunciadas imponen trabas adicionales a las muy
restringidas oportunidades que el sector empresarial estadounidense
tenía para comerciar e invertir en Cuba.
A su vez, restringen aún más el derecho de los ciudadanos
estadounidenses de visitar nuestro país, ya limitado por la obligación
de usar licencias discriminatorias, en momentos en que el Congreso de
los Estados Unidos, como reflejo del sentir de amplios sectores de esa
sociedad, reclama no solo que se ponga fin a la prohibición de viajar,
sino también que se eliminen las restricciones al comercio con Cuba.
Los anuncios del presidente Trump contradicen el apoyo mayoritario de
la opinión pública estadounidense, incluyendo el de la emigración
cubana en ese país, al levantamiento total del bloqueo y a las
relaciones normales entre Cuba y los Estados Unidos.
En su lugar, el Presidente estadounidense, otra vez mal asesorado,
toma decisiones que favorecen los intereses políticos de una minoría
extremista de origen cubano del estado de Florida, que por motivaciones
mezquinas no desiste de su pretensión de castigar a Cuba y a su pueblo,
por ejercer el derecho legítimo y soberano de ser libre y haber tomado
las riendas de su propio destino.
Posteriormente haremos un análisis más profundo del alcance y las implicaciones de este anuncio.
El Gobierno de Cuba denuncia las nuevas medidas de endurecimiento del
bloqueo, que están destinadas a fracasar como se ha demostrado
repetidamente en el pasado, y que no lograrán su propósito de debilitar a
la Revolución ni doblegar al pueblo cubano, cuya resistencia a las
agresiones de cualquier tipo y origen ha sido probada a lo largo de casi
seis décadas.
El Gobierno de Cuba rechaza la manipulación con fines políticos y el
doble rasero en el tratamiento del tema de los derechos humanos. El
pueblo cubano disfruta de derechos y libertades fundamentales, y exhibe
logros de los que se siente orgulloso y que son una quimera para muchos
países del mundo, incluyendo a los propios Estados Unidos, como el
derecho a la salud, la educación, la seguridad social, el salario igual
por trabajo igual, los derechos de los niños, y el derecho a la
alimentación, la paz y al desarrollo. Con sus modestos recursos, Cuba ha
contribuido también a la mejoría de los derechos humanos en muchos
lugares del mundo, a pesar de las limitaciones que le impone su
condición de país bloqueado.
Los Estados Unidos no están en condiciones de darnos lecciones.
Tenemos serias preocupaciones por el respeto y las garantías de los
derechos humanos en ese país, donde hay numerosos casos de asesinatos,
brutalidad y abusos policiales, en particular contra la población
afroamericana; se viola el derecho a la vida como resultado de las
muertes por armas de fuego; se explota el trabajo infantil y existen
graves manifestaciones de discriminación racial; se amenaza con imponer
más restricciones a los servicios de salud, que dejarían a 23 millones
de personas sin seguro médico; existe la desigualdad salarial entre
hombres y mujeres; se margina a emigrantes y refugiados, en particular
los procedentes de países islámicos; se pretende levantar muros que
denigran a vecinos; y se abandonan los compromisos internacionales para
preservar el medio ambiente y enfrentar el cambio climático.
Asimismo, son motivo de preocupación las violaciones de los derechos
humanos cometidas por los Estados Unidos en otros países, como las
detenciones arbitrarias de decenas de presos en el territorio
ilegalmente ocupado por la Base Naval de Guantánamo en Cuba, donde
incluso se ha torturado; las ejecuciones extrajudiciales y las muertes
de civiles causadas por bombas y el empleo de drones; y las guerras
desatadas contra diversos países como Irak, sustentadas en mentiras
sobre la posesión de armas de exterminio masivo, con consecuencias
nefastas para la paz, la seguridad y la estabilidad de la región del
Medio Oriente.
Recordamos que Cuba es Estado Parte de 44 instrumentos
internacionales sobre los derechos humanos, mientras que los Estados
Unidos lo es solo de 18, por lo que tenemos mucho que mostrar, opinar, y
defender.
Al confirmar la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas,
Cuba y los Estados Unidos ratificaron la intención de desarrollar
vínculos respetuosos y de cooperación entre ambos pueblos y gobiernos,
basados en los principios y propósitos consagrados en la Carta de las
Naciones Unidas. En su Declaración, emitida el 1 de julio de 2015, el
Gobierno Revolucionario de Cuba reafirmó que “estas relaciones deberán
cimentarse en el respeto absoluto a nuestra independencia y soberanía;
el derecho inalienable de todo Estado a elegir el sistema político,
económico, social y cultural, sin injerencia de ninguna forma; y la
igualdad soberana y la reciprocidad, que constituyen principios
irrenunciables del Derecho Internacional”, tal como refrendó la Proclama
de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada por los Jefes
de Estado y Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC), en su II Cumbre, en La Habana. Cuba no ha renunciado a
estos principios ni renunciará jamás.
El Gobierno de Cuba reitera su voluntad de continuar el diálogo
respetuoso y la cooperación en temas de interés mutuo, así como la
negociación de los asuntos bilaterales pendientes con el Gobierno de los
Estados Unidos. En los dos últimos años se ha demostrado que los dos
países, como ha expresado reiteradamente el Presidente de los Consejos
de Estado y de Ministros, General de Ejército Raúl Castro Ruz, pueden
cooperar y convivir civilizadamente, respetando las diferencias y
promoviendo todo aquello que beneficie a ambas naciones y pueblos, pero
no debe esperarse que para ello Cuba realice concesiones inherentes a su
soberanía e independencia, ni acepte condicionamientos de ninguna
índole.
Cualquier estrategia dirigida a cambiar el sistema político,
económico y social en Cuba, ya sea la que pretenda lograrlo a través de
presiones e imposiciones, o empleando métodos más sutiles, estará
condenada al fracaso.
Los cambios que sean necesarios en Cuba, como los realizados desde
1959 y los que estamos acometiendo ahora como parte del proceso de
actualización de nuestro modelo económico y social, los seguirá
decidiendo soberanamente el pueblo cubano.
Como hemos hecho desde el triunfo del 1ro. de enero de 1959,
asumiremos cualquier riesgo y continuaremos firmes y seguros en la
construcción de una nación soberana, independiente, socialista,
democrática, próspera y sostenible.
La Habana, 16 de junio de 2017
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