Como no podía hacerlo diferente, de acuerdo a su función de portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, el portal digital Infobae, cuyo cuartel general está en la ciudad de Miami, se hace eco de un informe sobre la industria turística cubana, del supuesto “Laboratorio Cuba Siglo 21”, una de las tantas ONGs financiadas por el propio Departamento de Estado y grupos conservadores de España, donde declara su domicilio legal.
Muchas cosas habrían resultado diferentes en la región si los gobiernos latinoamericanos y de Estados Unidos hubieran prestado una atención más realista y menos ideologizada a las palabras del Che; si la reunión no hubiera estado podrida desde su origen y concepto; si hubieran prevalecido verdaderos objetivos de integración económica solidaria y no sujeta a la dinámica depredadora del capital y los monopolios; si hubiera prevalecido el ánimo de fijar igualdad de trato y disfrute equitativo de las ventajas de la división internacional del trabajo, aunque no fueran extensivos a Cuba. Si no se hubiera diseñado todo para impedir la participación activa y la contribución de Cuba; si no se buscara, como ocurrió, alinear el pensamiento, someter a los sindicatos e instalar un mercado homogeneizado de medios, cultura e ideas.
Surgido dentro de una activa línea de tormentas eléctricas severas
prefrontales (formada por delante de un frente frío), un fuerte tornado
causó considerables daños en zonas y barrios de los municipios de
Diez de Octubre, Regla, San Miguel del Padrón, Guanabacoa y parte de La
Habana del Este en la noche del domingo 26 de enero, que por la severidad de
sus impactos, la notable intensidad del viento (pudo sobrepasar los 250
kilómetros por hora), y la distancia recorrida, constituyó una catástrofe nacional y un evento de su tipo sin
precedentes en la capital, al menos desde 1950 a la fecha.
Entre
las medidas anunciadas por Trump hay una que despierta suspicacias y refleja
una profunda ignorancia de cómo funciona Cuba. Es la referida a la prohibición
a empresas bajo jurisdicción estadounidense de hacer transacciones con empresas
relacionadas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias o el Ministerio del
Interior.